El arqueólogo y antropólogo Luis Pablo Martínez es entrevistado por iAmbiente antes de su ponencia en el séptimo Congreso del Agua que se celebra desde mañana en el Centro de Congresos de Elche.
En su intervención afirma que “la patrimonialización es un proceso. Es dinámica. Comienza con la identificación social del elemento considerado culturalmente valioso. Sigue (o no) el reconocimiento jurídico de su patrimonialidad, con protagonismo de los técnicos y de los responsables políticos de administración competente en la materia. A continuación, pueden desarrollarse (o no) las acciones de conservación-restauración o recreación-revitalización, utilizando el lenguaje específico de la doctrina del patrimonio cultural tangible e intangible, respectivamente; intervenciones que pueden venir acompañadas por acciones de puesta en valor orientadas a la facilitación de la accesibilidad física y cognitiva del elemento patrimonial por la ciudadanía, y de formación, capacitación, y difusión. Si prospera, el proceso genera retroalimentación positiva: la ciudanía más consciente y sensibilizada impulsa con más ahínco la identificación de elementos susceptibles de ser patrimonializados”.
Y añade “no habría habido patrimonialización del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela sin la concienciación y la voluntad de sus regantes. La traducción del orgullo huertano en acción patrimonalizadora no se entendería, empero, sin la contribución de terceros actores. Así, a lo largo de las últimas décadas se han multiplicado los estudios, y los académicos se han esforzado por trasladar a la sociedad de los resultados de las investigaciones. Quisiera rendir un particular homenaje a Gregorio Canales Martínez en el año de su jubilación. La labor por él desempeñada a través de la Cátedra Fernando de Loazes de la Universidad de Alicante ha sido encomiable. Por otro lado, no cabe duda de que las declaraciones patrimoniales conseguidas a escala nacional e internacional por instituciones hermanas como por el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia y el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia han potenciado la autoconciencia de los regantes de la Vega Baja del Segura y les ha animado en el empeño. Y no debemos olvidar la labor clave de los responsables políticos y de los técnicos diferentes administraciones públicas comprometidos con el patrimonio local. En tal sentido, quiero recordar que la ponencia ha sido preparada en colaboración con Emilio Diz Ardid y Mari Carmen Sánchez Mateos, que coordinaron y redactaron el ejemplar anexo descriptivo del Decreto 23/2025, de 11 de febrero, del Consell, para la declaración de bien de interés cultural, con la categoría de bien inmaterial, del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y pueblos de su marco”
En su ponencia considera que “el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela es patrimonio cultural inmaterial, pero no es folclore. Es la institución de autogobierno de los regantes, históricamente constituida con el amparo de las instituciones del poder político, que constituye desde tiempos medievales el dispositivo institucional clave para el mantenimiento de la red de acequias y azarbes de la Huerta como agrosistema de regadío por gravedad e inundación perfectamente adaptado a las condiciones locales; singularmente, de los condicionantes impuestos a los riegos derivados del Segura por la escasa pendiente del terreno entre Orihuela y el mar. De ahí la construcción de ruedas hidráulicas elevadoras en asociación con los azudes, característica de la comarca. De ahí los trazados rectilíneos de los azarbes, que no se pueden permitir el lujo de meandrizar”.
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